IV Convención de Periodistas de España

Información, ciudadanía y derechos

Nos hemos reunido en Gijón doscientos periodistas de todo el Estado para analizar y debatir alguna de las demandas que más preocupan a los informadores y, también, a la ciudadanía. Desde Cádiz 1998 hasta Gijón 2005, las organizaciones más representativas de la profesión periodística han demostrado capacidad para trabajar, acordar y proponer en un ámbito, el de la comunicación, que no siempre recibió las iniciativas profesionales con la madurez que cabría esperar en una sociedad abierta y democrática. La información, las condiciones de trabajo de quienes ejercen este oficio, los medios públicos de comunicación, el desarrollo contractual y legislativo del artículo 20 de la Constitución, la complicidad de la ciudadanía con el pluralismo y la veracidad de la información o la mirada crítica hacia la función profesional, han protagonizado las reflexiones y documentos de las Convenciones Estatales de Periodistas. Esta que ahora clausuramos ha sido, sin duda, la que ha estado precedida de mayor polémica corporativa, -polémica que continuará-, no por la evolución de sus debates, sino por la desmesurada reacción de grupos empresariales y editoriales contra la Proposición de Ley del Estatuto del Periodista Profesional. Una reacción que habrá que combatir con inteligencia y responsabilidad.

El Estatuto del Periodista Profesional

La IV Convención de Periodistas de España celebrada en Gijón, no ha querido escapar al debate que se cierne sobre el EPP. No vamos a trivializar las denuncias y opiniones críticas que se han vertido sobre el EPP, sobre todo cuando el mismo y a propuesta de IU-ICV, superó la primera barrera legislativa y se convirtió en Proposición de Ley. Queremos seguir construyendo el mayor consenso posible y ello exigirá de todos, también de las organizaciones que integramos el Foro y que hemos elaborado la propuesta de EPP, un esfuerzo de generosidad y voluntad unitaria. Tan rotundos somos al realizar esta afirmación como contundentes seremos en la defensa de unos derechos directamente vinculados al ejercicio del periodismo en condiciones laborales y profesionales dignas. Todos los intentos hasta la fecha se habían estrellado contra el muro del poder empresarial y la negativa de los grupos parlamentarios mayoritarios, fuertemente ‘contagiados’ por aquellos. “La información es poder” y lamentablemente, ese poder, en no pocas ocasiones, sirve a intereses inconfesables que tanto daño causan a esta profesión. Ahora el poder ve amenazadas sus exclusivas prerrogativas y reacciona con furia ante una proposición que parte del convencimiento, como se advierte en la introducción del Estatuto, de que la independencia de los periodistas es la mejor garantía para el derecho del público a ser informado, y por eso desarrolla un conjunto de facultades que afirman esa independencia frente al poder político y busca un equilibrio con la propia independencia editorial de las empresas informativas.

No sorprenden las opiniones editoriales de ciertos medios de comunicación, extremadamente celosas con el ideario empresarial de sus accionistas. Causan sonrojo y estupor otras declaraciones que han creído descubrir en “autorregulación” –sería más preciso, en este caso, el término “autocontrol”- la piedra filosofal de nuestro bienestar profesional. “La mejor ley de información es la que no existe” sugieren, en medio del aplauso patronal que ha actuado a sus anchas en un mercado laboral desregulado y únicamente sujeto a las normas y leyes de sus Consejos de Administración. Nadie más que el Foro de Organizaciones de Periodistas ha defendido la autorregulación como instrumento de acción laboral, profesional y deontológica. Pero acaso cree alguien que la autorregulación es hoy posible sin un marco legislativo que la garantice ? Nosotros sabemos, por experiencia, que no.

Insistimos. El Foro quiere un EPP con dos objetivos básicos: el derecho de los informadores a ejercen su profesión en condiciones laborales y profesionales dignas; y el derecho de la ciudadanía a recibir información honesta y veraz. Cualquier otro propósito atribuido al EPP, además de una burda manipulación de su texto, revela hasta que punto los partidarios de la “ley de la selva” exhiben su apetito fiscalizador. La autorregulación, en su boca, es un sarcasmo y hemos de actuar con firmeza para derrotar democráticamente esta maniobra.

Como señalamos en la carta abierta a los medios de comunicación, es lógico que el debate acerca del contenido del EPP provoque opiniones diversas. Es la esencia de la democracia. Lo que sorprende es la insoportable manipulación de lo que dice y de los objetivos que persigue. Algo que cabría esperar de quienes siempre vieron la democracia como un mal menor, pero no de aquellos que la consideran imprescindible para la existencia de ciudadanos y ciudadanas libres.

La regulación laboral de los periodistas

Condiciones de trabajo dignas y derechos profesionales son dos caras de la misma moneda. Un estatuto profesional que no se asiente en una cada vez mayor estabilidad laboral, será un instrumento legal de eficacia limitada. Por ello se propone avanzar simultáneamente en derechos profesionales y laborales.

Las condiciones laborales de los periodistas se han deteriorado en los últimos años. El afán desregulador de los propietarios de los medios de comunicación, la aparición de nuevas técnicas de trabajo y el fuerte aumento de licenciados en Periodismo formados en las Facultades de Ciencias de la Información, han contribuido a generar mayor inestabilidad, abuso de figuras de contratación de dudoso anclaje legal, bajos salarios, largas jornadas y degradación general de los derechos de los trabajadores.

La Ley de Derechos Laborales pretende salir al paso de esta situación. Para asegurar la calidad de trabajo de la información y la independencia de los periodistas es necesario garantizar unas condiciones laborales dignas. El trabajo de los periodistas a la pieza, adquiere, en este sentido, especial importancia De ahí, que en la Ley se proponga regular por las partes, en el ámbito de la negociación colectiva, el trabajo de los periodistas a la pieza con el objeto de acomodar en lo posible la situación de estos trabajadores a la del resto de la redacción. El ámbito de aplicación de esta ley no puede ser otro que el de los trabajadores de la información que están empleados en las empresas de comunicación.

Periodismo y sociedad

El Foro de Organizaciones de Periodistas entiende la información como una actividad de interés público, alejada de la información como mercancía, siempre sujeta a las leyes del mercado, y de la información como propaganda, instalada en la larga onda del discurso del poder. Una idea de la información que exige la plena garantía de los derechos de los ciudadanos, porque de lo contrario se estaría quebrando la calidad de la democracia.

Ya es una idea consensuada que los medios de comunicación ocupan el centro del poder político contemporáneo. Más aún. Son las instituciones de las que depende cada vez más la capacidad educativa y persuasiva de los ciudadanos. Es decir, su capacidad perceptiva e interpretativa, ya que es a través de los medios como se accede al nivel de conocimiento que cualquier persona precisa para satisfacer activa y críticamente –no como simple consumidor, sino como sujeto de derechos y deberes en el ámbito social al que pertenece- las expectativas que una sociedad cada vez más compleja va provocando en ella y en las demás personas con las que se identifica y se siente solidario.

Como se afirma en el preámbulo del EPP, el artículo 20 de la Constitución Española no contempla como sujetos específicos a los profesionales de la información. No obstante, el legislador constituyente remitió al ordinario la regulación de algunos de los elementos típicos de un estatuto profesional de los periodistas: la cláusula de conciencia y el secreto profesional. Nuestra jurisprudencia constitucional ha precisado que los periodistas no tienen en este campo privilegio alguno frente a los derechos del resto de los ciudadanos, pero sí que al ejercicio de su derecho puede serle dado una cierta preferencia, justamente, “en virtud de la función que cumple, en aras del deber de información constitucionalmente garantizado”. Es igualmente jurisprudencia bien asentada interpretar el requisito de veracidad de las informaciones como un deber de diligencia profesional.

Existe, por tanto, base constitucional para la promulgación de un Estatuto del Periodista Profesional, cuya finalidad sea servir al derecho de la ciudadanía a ser informada, garantizando la independencia de los informadores. Derechos de la ciudadanía y derechos de los informadores que convergen al servicio de la democracia.

Apostamos, en definitiva, por medios de comunicación que participen activamente, junto con otros actores sociales representativos en la constitución de una nueva cultura política ciudadana, que estimule la conciencia sobre los derechos y deberes que tienen los seres humanos, por el hecho de serlo, y fortalezca asimismo el sentimiento de pertenencia a una sociedad abierta y participativa.

Mujer y medios de comunicación

La participación de las mujeres como profesionales en los medios de comunicación, es una realidad, pero rodeada de tantas discriminaciones que requiere una actuación contundente de las organizaaciones sindicales y profesionales, de los poderes públicos, de las propias mujeres, de los hombres y de la sociedad en general.
Porque:
• Apoyamos las “cuotas” como instrumento para vencer la histórica discriminación profesional de las mujeres.
• Ocupar puestos de responsabilidad en redacciones y medios de comunicación, no puede ser a costa de renunciar a derechos tan elementales como la vida familiar y personal.
• No podemos obviar la invisibilidad de las mujeres y la distorsión de la imagen que transmiten hoy en día los medios de comunicación.
• El lenguaje y la imagen son los cauces de comunicación con la sociedad. Es necesario intervenir para evitar estereotipos sexistas.
• La incorporación laboral de las mujeres en los medios no puede estar unida a la precariedad laboral y profesional. Necesitamos que legalmente se regule.
• Solicitamos la participación activa de nuestros compañeros y colegas, para abordar esta transformación enriquecedora de cuantos integramos la profesión periodística.

RECOMENDACIONES:
• Comités de empresa y de redacción, como mejores instrumentos para favorecer la incorporación de las mujeres en puestos de responsabilidad, y en condiciones de igualdad.
• Que las organizaciones sindicales y porofesionales establezcan criterios de paridad a la hora de configurar sus organos de dirección y representación.

Los medios públicos de comunicación

La Constitución proclama el pluralismo político como un valor superior, que debe ser garantizado por los poderes públicos. El Foro de Organizaciones de Periodistas suscribe la reflexión contenida en el Protocolo 27 del Tratado por el que se establece una Constitución Europea cuando consagra que “el sistema de radiodifusión pública de los Estados miembros está directamente relacionado con las necesidades democráticas, sociales y culturales de cada sociedad y con la necesidad de preservar el pluralismo de los medios de comunicación”. Es decir, en la medida en que se realice una función de servicio público, los medios audiovisuales de comunicación de propiedad estatal en sentido amplio (incluyendo, por tanto, los medios autonómicos, comarcales y locales) encuentran amparo a su existencia en el propio tratado constitucional europeo.

La IV Convención de Periodistas de España participa de un modelo de medios públicos de comunicación plenamente independientes del Gobierno, dotados de una programación de calidad con fuerte presencia de producción estatal y europea, una gestión profesional y una financiación mixta y responsable. Unos medios públicos que para garantizar la independencia informativa contarán con Consejos de Redacción, y Consejos Asesores para canalizar la participación de la sociedad civil y el derecho de acceso de los grupos sociales significativos en sus respectivos ámbitos.

El carácter de servicio público de estos medios, muchas de cuyas funciones no debieran ser ajenas a los medios privados, exige la inmediata creación de un Consejo Audiovisual que sería el responsable de velar por la naturaleza, gestión y programación de los medios públicos.

Si reclamamos la independencia de los medios en relación con los gobiernos y los poderes económicos, también debemos reclamar independencia de los profesionales para ejercer sus funciones con libertad. El ejercicio de la profesionalidad comporta la necesidad de instrumentos de autorregulación interna en las propias empresas audiovisuales públicas.

Finalmente, la Convención cree que el empleo en los medios públicos de comunicación guarda relación directa con el incremento de porcentajes de producción propia por parte de los programadores y emisores de radio y televisión; un marco normativo que estimule el empleo estable, y la generalización de la negociación colectiva para conseguir una regulación satisfactoria y un nivel de empleo adecuado y de calidad.

Gijón, 6 de noviembre de 2005